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Diputados le dio media sanción a la creación de juzgados y fiscalías federales en Santa Fe

 

La Cámara baja aprobó la iniciativa por 214 votos a favor -del Frente de Todos y Juntos por el Cambio- y 4 abstenciones del Frente de Izquierda. Se crearán en la provincia 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales.

La Cámara de Diputados dio media sanción este martes por la tarde al proyecto que apunta a fortalecer la Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe, a fin de contar con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en el marco de la ola de violencia en la ciudad de Rosario, en una sesión especial que cuenta con la presencia del gobernador de esa provincia, Omar Perotti.

El objetivo es adecuar la estructura judicial para la implementación del nuevo Código Procesal Penal y así poder hacer frente a la escalada de violencia narco. La medida obtuvo 214 votos a favor -del Frente de Todos y Juntos por el Cambio- y 4 abstenciones del Frente de Izquierda. No hubo votos en contra.

El debate fue abierto a las 14 por el diputado santafesino del Frente de Todos (FdT), Roberto Mirabella, quien al defender el dictamen de mayoría señaló que esta iniciativa “es una señal política de todo el Congreso Nacional, para unir fuerzas” y “estar todos juntos para combatir un delito como es el narcotráfico y la narcocriminalidad”.

En ese sentido, dijo que la implementación del sistema acusatorio “es un salto cualitativo” para la provincia, ya que “solo se aplica en Salta y Jujuy y es muy satisfactorio”.

Mirabella explicó detalles del proyecto de su autoría, que busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.

Según los equipos técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las estructuras promedio de personal y los gastos estimados en salarios, insumos e infraestructura significarán un impacto fiscal anual de 7.500 millones de pesos.

El legislador dijo que el sistema acusatorio permite que “los tiempos procesales se han acortado tremendamente: de 5 a 6 años a un año”, y manifestó que “es un sistema que, además, hace a la calidad del gobierno democrático”.